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Resumen: El Artículo 90 regula validez dentro de la relación laboral, con criterios y obligaciones clave.
1. Los convenios colectivos a que se refiere esta ley han de formalizarse por escrito, bajo
sanción de nulidad.
2. Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente, a los
solos efectos de registro, dentro del plazo de quince días a partir del momento en que las
partes negociadoras lo firmen. Una vez registrado, el convenio será remitido al órgano
público competente para su depósito.
3. En el plazo máximo de veinte días desde la presentación del convenio en el registro
se dispondrá por la autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el correspondiente boletín oficial de la comunidad autónoma o de la
provincia, en función del ámbito territorial del convenio.
4. El convenio entrará en vigor en la fecha en que acuerden las partes.
5. Si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente o
lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción social, la cual
resolverá sobre las posibles deficiencias previa audiencia de las partes, conforme a lo
establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad laboral velará por el
respeto al principio de igualdad en los convenios colectivos que pudieran contener
discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo.
A tales efectos, podrá recabar el asesoramiento del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades o de los organismos de igualdad de las comunidades
autónomas, según proceda por su ámbito territorial. Cuando la autoridad laboral se haya
dirigido a la jurisdicción social por entender que el convenio colectivo pudiera contener
cláusulas discriminatorias, lo pondrá en conocimiento del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades o de los organismos de igualdad de las comunidades
autónomas, según su ámbito territorial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95.3 de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.