DELITO DE PREVARACIÓN

La prevaricación es un delito que afecta a la administración de justicia y a la actuación de los funcionarios públicos en España. Se considera una de las ofensas más graves en el ejercicio del poder, ya que implica el abuso de la posición de autoridad para dictar resoluciones injustas, favoreciendo intereses personales o terceros, en lugar de aplicar la ley de manera imparcial.

El Código Penal español establece que comete el delito de prevaricación el juez, magistrado, fiscal o cualquier otro funcionario público que, a sabiendas, dicta una resolución injusta. Esta resolución debe ser contraria a la ley, y se requiere que el autor sea consciente de su injusticia al tomar la decisión. Además, se considera prevaricación también cuando un funcionario público omite la resolución de un asunto que tenga el deber de resolver.

Es importante destacar que, para que exista prevaricación, se debe demostrar que el funcionario actuó con plena conciencia de que estaba cometiendo una injusticia y que su decisión no tenía fundamento legal. El simple hecho de cometer un error en la interpretación de la ley no constituye prevaricación.

Este ultimo párrafo es el que permite que muchas prevaricaciones evidentes queden impunes.

Las penas asociadas a la prevaricación varían según la gravedad del delito y las circunstancias específicas de cada caso. En general, las penas pueden incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas económicas y penas de prisión, especialmente en los casos más graves.

La prevaricación puede manifestarse en diferentes ámbitos, como en decisiones judiciales que favorecen a personas allegadas al juez o magistrado, resoluciones administrativas que benefician a empresas o particulares con los que el funcionario tenga una relación cercana, o incluso en decisiones que buscan proteger o encubrir acciones ilegales de terceros.

El delito de prevaricación tiene un impacto negativo significativo en la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en la administración pública en general. Cuando se descubre un caso de prevaricación, la sociedad puede percibirlo como una violación de la imparcialidad y la ética que deben regir el ejercicio del poder público.

Para combatir la prevaricación y promover la transparencia en el sistema judicial y administrativo, es fundamental que las instituciones cuenten con mecanismos efectivos de control y supervisión. La independencia y el buen funcionamiento de los órganos disciplinarios y de control interno son cruciales para detectar y sancionar los casos de prevaricación de manera justa y equitativa. Pero en la práctica es muy difícil llevarla a cabo.

En conclusión, la prevaricación es un delito de gran gravedad que afecta la credibilidad y la integridad del sistema judicial y administrativo en España. Combatir este tipo de conducta es esencial para asegurar que la justicia se imparta de manera justa e imparcial y para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. La lucha contra la prevaricación es una responsabilidad compartida entre los ciudadanos, las instituciones y los organismos de control, todos trabajando juntos para promover una sociedad más justa y transparente.

Pero recordemos que en España no existe una cultura exigente en este aspecto, siendo muchas veces señalado el que denuncia estas prácticas, acabando con su carrera profesional.

La unión europea ha exigido a España que se establezca por ley protección al denunciante de casos de corrupción y/o prevaricación.

Sin duda alguna, la prevaricación cometida por jueces, bueno, mejor dicho la impunidad ante la prevaricacion de las jueces es una sociedad condenada.

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Jueza y funcionario

01/10/2024

Tengo problemas en juzgado de Navalcarnero .mi ex tiene un familiar de su hermana en esta institución y todo lo k me hacen va allí los juicios ha puerta cerrada su familia entra y mi hija k es estudiante de derecho no .tengo todo tip de problemas y denuncias falsas todo desemboca allí y ganan claro ahora un deuda k el debe yo no me la embargan alli

VAnessa

Otorgamiento de guarda de hecho a una persona sin que haya conformidad por el guardado, sin notificarla a la persona guardada y sin que haya causa justificada para otorgarla.

12/08/2024

Con esta reseña denuncio la actuación de la Jueza del Juzgado de primera instancia y Familia nº 6 de Sevilla: Elena González Vázquez. En su día fui citada en el Juzgado por esta Señora. En la entrevista se clarificó lo siguiente; tengo trabajo en administración pública, sin ningún tipo de restricción por ningún tipo de minusvalía, acudo en autobús o andando a mi trabajo, me ocupo de la limpieza de mi vivienda etc. etc.:, Soy una persona normal que lleva una vida normal. Y para ello, solo basta verme. Transcurrido un año, contacto con el Juzgado, y vía telefónica me dicen que se le ha otorgado a mi hermano la guarda de hecho. A mi nunca se me notificó. La guarda de hecho, tiene que darse una causas que la justifiquen: en mi caso con solo verme, se comprueba que no procede. Pero además precisa del consentimiento de la persona guardada. Yo no he expresado ningún tipo de consentimiento. ¿por qué habría de hacerlo? ¿para qué?. No sé si esta jueza es una notable incompetente, si «se está quedando conmigo» o si con esta resolución va a obtener algún tipo de beneficio. Por ello, hago un llamamiento a un abogado que esté dispuesto a DENUNCIAR a la Jueza Elena González Vazquez, para que se investigue su actuar, y se le exija la correspondiente responsabilidad.

María Julia Segura Escobar
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