CODIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACIA

Ya vimos en el estatuto general de la abogacia algunas de las normas y pautas que debe cumplir cada abogado.
Ahora vamos a ver el CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACIA que también debería ser cumplido por cada abogado. Al final de la página podrás descargarlo en PDF y si quieres también opinar al respecto.

TEXTO DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO QUE DEBERÍA SER CUMPLIDO POR LOS ABOGADOS:

CÓDIGO DEONTOLÓGICO Aprobado por el Pleno del Consejo General de la
Abogacía Española el 6 de marzo de 2019.

CODIGO DEONTOLÓGICO 2 Página
Preámbulo ………………………………………………………………………………………………………….. 3
Art. 1.- Obligaciones deontológicas
Art. 2.- Independencia………………………………………………….. …………………………………….. 7
Art. 3.- Libertades de defensa y de expresión …………………………………………………………. 7
Art. 4.- Confianza e integridad ……………………………………………………………………………… 7
Art. 5.- Secreto Profesional…………………………………………… …………………………………….. 8
Art. 6.- De la publicidad ………………………………………………………………………………………. 9
Art. 7.- Lealtad profesional…………………………………………………………………………………. 10
Art. 8.- Sustitución en la actuación………………………………………………………………………. 11
Art. 9.- Relaciones con el Colegio ………………………………………………………………………. 12
Art. 10.- Relaciones con los Tribunales ……………………………………………………………….. 13
Art. 11.- Relaciones entre profesionales de la Abogacía ………………………………………… 14
Art. 12.- Relaciones con los clientes ……………………………………………………………………. 16
Art. 13.- Relaciones con la parte contraria ……………………………………………………………. 19
Art. 14.- Honorarios ………………………………………………………………………………………….. 20
Art. 15.- Hojas de encargo …………………………………………………………………………………. 21
Art. 16.- Provisiones de fondos y pagos a cuenta ………………………………………………….. 21
Art. 17.- Impugnación de honorarios …………………………………………………………………… 22
Art. 18.- Pagos por captación de clientela …………………………………………………………….. 22
Art. 19.- Tratamiento de fondos ajenos ………………………………………………………………… 22
Art. 20.- Cobertura de la responsabilidad civil ……………………………………………………… 23
Art. 21.- Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación ……………….. 23
Art. 22.- Ejercicio a través de sociedades profesionales …………………………………………. 23
Disposición derogatoria ……………………………………………………………………………………… 23
Disposición final ……………………………………………………………………………………………… 23

PREÁMBULO La función social de la Abogacía exige compilar las normas deontológicas para
regular su ejercicio. A lo largo de los siglos, muchos han sido los intereses que le han
sido confiados, todos ellos trascendentales, relacionados fundamentalmente con el
imperio del Derecho y la Justicia. Y en ese quehacer, que ha trascendido la propia y
específica actuación concreta de defensa, la Abogacía ha ido acrisolando valores
salvaguardados por normas deontológicas necesarias no sólo para el derecho de defensa,
sino también para la tutela de los más altos intereses del estado, proclamado hoy social
y democrático de derecho.
Por razones de corrección lingüística se ha preferido utilizar sólo en contadas
ocasiones la expresión Abogado que exigiría la doble referencia a Abogado y Abogada
o emplear otros métodos para designar los dos géneros. Por eso, se sustituye por
Abogacía que designa tanto la profesión como al conjunto, hombres y mujeres, que la
ejercen.
Como toda norma, la deontológica se inserta en el universo del Derecho, regido
por el principio de jerarquía normativa y exige, además, claridad, adecuación y
precisión, de suerte que cualquier modificación de hecho o de derecho en la situación
regulada obliga a adaptar la norma a la nueva realidad legal o social.
Durante siglos, los escasos cambios operados en las funciones de quienes ejercen la
Abogacía y en la propia sociedad motivaron pocas modificaciones en unas normas
deontológicas que venían acreditándose como eficaces para la alta función que le estaba
reservada. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, desde el momento en que los
estados decididamente consagran la dignidad humana como valor supremo que informa
todo el ordenamiento jurídico, cuando la función de la Abogacía alcanza su definitiva
trascendencia, facilitando a la persona y a la sociedad en que se integra, la técnica y
conocimientos necesarios para el consejo jurídico y la defensa de sus derechos. De nada
sirven éstos si no se provee del medio idóneo para defender los que a cada cual le
corresponden.
En una sociedad constituida y activada con base en el Derecho, que proclama
como valores fundamentales la igualdad y la justicia, quien ejerce la Abogacía, experto
en leyes y conocedor de la técnica jurídica y de las estrategias procesales, se erige en
elemento imprescindible para la realización de la justicia, garantizando la información o
asesoramiento, la contradicción, la igualdad de las partes tanto en el proceso como fuera
de él, encarnando el derecho de defensa que es requisito imprescindible de la tutela
judicial efectiva. Por ello, hoy precisa más que nunca ratificar y desarrollar unas normas
de comportamiento que permitan satisfacer los inalienables derechos del cliente,
respetando la defensa y consolidación de los valores superiores en los que se asienta la
sociedad y la propia condición humana.
Recientemente, muchas han sido las reformas legislativas y muchos también los
cambios políticos y sociales que han afectado al ejercicio profesional en España, lo que
hace necesaria la actualización de las normas jurídicas que la rigen.
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4 La decidida vocación de proveer a la Abogacía de los instrumentos más eficaces
para abordar el siglo XXI exige ahora la compilación y puesta al día de las normas
deontológicas que deben regir la actividad profesional en un solo texto actualizado. Y
ello se realiza sin abdicar de los principios que han venido caracterizando la actuación
multisecular cuya propia pervivencia acredita fehacientemente su medular función, e
incorporando además las más recientes experiencias derivadas de situaciones novedosas
completamente ajenas al mundo de la Abogacía hasta hace bien poco.
El Conseil Consultatif des Barreaux Européens (CCBE), máximo órgano
representativo de la Abogacía ante las instituciones de la Unión Europea, mantiene un
Código Deontológico cuya finalidad es la de establecer unas normas de actuación en el
ejercicio profesional transfronterizo y otras básicas que representan las garantías
mínimas exigibles para posibilitar el derecho de defensa de una forma efectiva. El
Consejo General de la Abogacía Española ha asumido íntegramente ese Código
Deontológico y ahora actualiza la normativa incorporando las novedades y corrigiendo
las disfunciones que se han observado desde 2002 con el propósito de que sea aplicable
en todos los territorios autonómicos y en los ámbitos de los Colegios, a quienes
corresponde ordenar el ejercicio profesional. Por ello, las presentes normas tienen
vocación de básicas, correspondiendo, en su caso, su desarrollo y adecuación, y en
definitiva determinar el justo equilibrio de los intereses en juego en su respectivo
ámbito territorial a los Consejos Autonómicos y a los Colegios, aceptando los principios
que aquí se consagran.
Perviven como valores fundamentales en el ejercicio de la profesión de Abogado
la independencia, la libertad, la dignidad, la integridad, el servicio, el secreto
profesional, la transparencia y la colegialidad.
La independencia de quien ejerce la Abogacía resulta en un estado de derecho
tan necesaria como la imparcialidad del juez. Informa a su cliente de su posición
jurídica, de los distintos valores que se ponen en juego en cualquiera de sus acciones u
omisiones, proveyéndole de la defensa técnica de sus derechos y libertades frente a
otros agentes sociales, cuyos derechos y dignidad personal han de ser también tenidas
en cuenta; y ésta tan compleja como unívoca actuación sólo sirve al ciudadano y al
propio sistema del estado de derecho si está exenta de presión, si se posee total libertad
e independencia de conocer, de formar criterio, de informar y de defender, sin otra
servidumbre que el ideal de justicia.
La honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son virtudes que
deben adornar cualquier actuación. Ellas son la causa de las necesarias relaciones de
confianza con el cliente y son la base del honor y la dignidad de la profesión. Se debe
actuar siempre honesta y diligentemente, con competencia, con lealtad al cliente, con
respeto a la parte contraria, y guardando secreto de cuanto conociere por razón de su
profesión. Y cualquiera que así no lo hiciere afecta al honor y dignidad de toda la
profesión con su actuación individual.
La dignidad, como modo de comportamiento, debe impregnar todas las
actividades profesionales de quienes ejercen la Abogacía, ya que ésta está al servicio del
ser humano y de la sociedad. Por eso, debe preservar no sólo la propia, sino la de sus

clientes, de sus compañeros y de los contrarios, tratándoles con distinción, deferencia y respeto, sin olvidar que sus actuaciones repercuten en la profesión entera. Por tanto,
quebranta la obligación de comportarse con dignidad quien ejerce su profesión con
desprecio u olvido de que trata con personas, o incurre en comportamientos que, por su
naturaleza, cuestionen o desacrediten gravemente la consideración que debe a los que se
relacionan con él.
La Constitución Española reconoce a toda persona el derecho a no declarar
contra sí misma, y también el derecho a la intimidad. Ambos persiguen preservar la
libertad y la vida íntima personal y familiar del ciudadano, cada vez más vulnerable a
los poderes estatales y a otros poderes no siempre bien definidos. El ciudadano precisa
asesoría jurídica para conocer el alcance y la trascendencia de sus actos, y, para ello,
debe confesarle sus circunstancias más íntimas. Quien ejerce la Abogacía se convierte
así en custodio de la intimidad personal de su cliente y de su inalienable derecho a no
declarar contra sí mismo. El secreto profesional y la confidencialidad son deberes y a la
vez derechos que no constituyen sino concreción de los derechos fundamentales que el
ordenamiento jurídico reconoce a sus propios clientes y a la defensa como mecanismo
esencial del Estado de Derecho. Todo aquello que le sea revelado por su cliente, con
todas sus circunstancias, más todo aquello que le sea comunicado por un compañero con
carácter confidencial, deberá mantenerlo en secreto, salvo las situaciones excepcionales
previstas.
Conforme a los principios fundamentales de la Abogacía, se regulan las bases de
la publicidad personal de modo que no se ponga en riesgo la libertad e independencia, la
lealtad al cliente ni el secreto profesional, con absoluto respeto a las normas externas
que regulan la competencia, la competencia desleal y la publicidad.
La función de concordia, característica de la actuación profesional, impone la
obligación de procurar el arreglo entre las partes y exige que la información o el
asesoramiento que se preste no sea tendencioso ni invite al conflicto o litigio.
Se consagra la libertad del profesional de la Abogacía para asumir la dirección
de un asunto o rechazarlo, así como, una vez aceptado, para cesar en dicha dirección,
siempre que se evite el vacío que podría traer aparejado ese cambio de asistencia que, en
ningún caso, podrá provocar la indefensión del justiciable. Por ello, de la antigua
institución de la “venia” conviene conservar la necesaria comunicación del sustituto al
sustituido, pero encomendando a éste una responsable actuación informativa, como ya
venía sucediendo en la práctica. Ello permite garantizar que el ciudadano no quedará en
indefensión entre la actuación del sustituido y el sustituto, estableciendo un único
momento en el que cesarán las responsabilidades de uno y comenzaran las del otro, y
procurará, además, una importante información al sustituto en beneficio siempre de los
intereses objeto de defensa.
Debe tenerse siempre presente la alta función que la sociedad ha confiado a la
Abogacía, que supone nada menos que la defensa efectiva de los derechos individuales
y colectivos cuyo reconocimiento y respeto constituye la espina dorsal del propio
Estado de Derecho. Por ello, quienes ejercen la Abogacía sólo pueden encargarse de un
asunto cuando cuenten con la capacidad adecuada para ejercer su asesoramiento y
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defensa de una manera real y efectiva, para incrementar constantemente sus conocimientos jurídicos y para solicitar el auxilio de los más expertos, cuando lo
precise.
Se profundiza en la regulación de la tenencia de fondos de clientes. El ejercicio
colectivo y multidisciplinar de la profesión, junto a las técnicas que hoy ofrecen las
entidades financieras, aconseja insistir en la regulación de la tenencia de los fondos de
clientes, manteniéndolos identificados, separados de los propios del bufete, y siempre a
su disposición, lo que contribuirá a la transparencia en la actuación fortaleciendo la
confianza de su cliente.
Pocas variaciones experimentan las normas deontológicas reguladoras de las
obligaciones y relaciones con el Colegio, con los Tribunales y con los compañeros. Se
profundiza, sí, en la salvaguarda de los valores fundamentales que informan el ejercicio
profesional en la relación con el cliente. Y así, se concretan las obligaciones de
información, se incrementan las precauciones para evitar el conflicto de intereses
protegiendo la responsabilidad e independencia por medio del establecimiento de
mecanismos que permitan identificar claramente el comienzo y final de su actuación y,
por tanto, de su responsabilidad y, sobre todo, insistiendo en el reconocimiento de su
libertad para cesar en la defensa cuando no desee continuar en ella, libérrima decisión
que garantiza permanentemente la independencia y que se corresponde con la que tiene
el ciudadano para designar al abogado o abogada de su elección en cualquier momento.
Las presentes normas deontológicas no imponen limitaciones a la libre
competencia, sino que se erigen en deberes fundamentales en el ejercicio de la función
social de la Abogacía en un Estado de Derecho, que exige desempeñarla con
competencia, de buena fe, con libertad e independencia, lealtad al cliente, respeto a la
parte contraria y guardando secreto de cuanto conociere por razón de su actuación
profesional.
Artículo 1.- Obligaciones deontológicas:
1.Los hombres y mujeres que ejercen la Abogacía están obligados a respetar la
Deontología inspirada en los principios éticos de la profesión. Las fuentes
principales de la Deontología se encuentran en el Estatuto General de la Abogacía
Española, en el Código Deontológico de la Abogacía Europea, en el presente
Código, aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, y en los que, en
su caso, tuvieren aprobados los Consejos Autonómicos de Colegios.
2.Las normas deontológicas son aplicables también, en lo pertinente, a quienes sean
no ejercientes y a quienes estén inscritos con el título de su país de origen.
3.Cuando se actúe fuera del ámbito del Colegio de residencia, dentro o fuera del
Estado español, se deberá respetar las normas deontológicas vigentes en el ámbito
del Colegio de acogida o donde se desarrolle una determinada actuación
profesional.
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4.Los Consejos de Colegios de las diferentes Autonomías habrán de remitir las normas deontológicas que tuvieren aprobadas a la Secretaría General del Consejo
General de la Abogacía Española y ésta obtendrá de la Secretaría del CCBE los de
los demás países de la Unión Europea.
Artículo 2.- Independencia:
1.La independencia de quienes ejercen la Abogacía es una exigencia del Estado de
Derecho y del efectivo derecho de defensa del justiciable y de la ciudadanía por lo
que constituye un derecho y un deber.
2.Para poder asesorar y defender adecuadamente los legítimos intereses del cliente,
debe mantenerse el derecho y el deber de preservar la independencia frente a toda
clase de injerencias y frente a intereses propios o ajenos.
3.La independencia debe ser preservada frente a presiones o exigencias que limiten o
puedan limitarla, sea respecto de los poderes públicos, económicos o fácticos, de
los tribunales, del cliente, sea respecto de los colaboradores o integrantes del
despacho.
4.La independencia permite no aceptar el encargo o rechazar las instrucciones que, en
contra de los propios criterios profesionales, pretendan imponer el cliente, los
miembros de despacho, los otros profesionales con los que se colabore o cualquier
otra persona, entidad o corriente de opinión, debiendo cesar en el asesoramiento o
defensa del asunto cuando se considere que no se puede actuar con total
independencia, evitando, en todo caso, la indefensión del cliente.
Artículo 3.- Libertades de defensa y de expresión:
1.Quienes ejercen la Abogacía tienen el derecho a la plena libertad de defensa y el
deber de defender y asesorar libremente a sus clientes.
2.La libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución Española,
la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación que pueda resultar
aplicable.
3.La libertad de expresión no legitima el insulto ni la descalificación gratuita.
4.No se podrán utilizar medios ilícitos ni el fraude como forma de eludir las leyes.
5.Se debe ejercer las libertades de defensa y expresión conforme al principio de
buena fe y a las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la
concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la normativa
vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los Colegios, todas las
medidas de ayuda en su función que les sean legalmente debidas.
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Artículo 4.- Confianza e integridad: 1.La relación con el cliente se fundamenta en la recíproca confianza y exige una
conducta profesional íntegra, honrada, leal, veraz y diligente.
2.Es obligación no defraudar la confianza del cliente y no defender intereses en
conflicto, sean propios o de terceros.
3.En los casos de ejercicio colectivo o en colaboración con otros profesionales,
quienes ejercen la Abogacía tendrán el derecho y la obligación de rechazar
cualquier intervención que pueda resultar contraria a los principios de confianza e
integridad o que pueda implicar conflicto de intereses con otros clientes del
despacho, cualquiera que sea el que los atienda.
Artículo 5.- Secreto profesional:
1.La confianza y confidencialidad en las relaciones con el cliente, ínsita en el derecho
de éste a su defensa e intimidad y a no declarar en su contra, impone a quien ejerce
la Abogacía la obligación de guardar secreto, y, a la vez, le confiere este derecho,
respecto de los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las
modalidades de su actuación profesional, limitándose el uso de la información
recibida del cliente a las necesidades de su defensa y asesoramiento o consejo
jurídico, sin que pueda ser obligado a declarar sobre ellos como reconoce la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
2.El deber y derecho al secreto profesional comprende todas las confidencias y
propuestas del cliente, las de la parte adversa, las de los compañeros, así como
todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya remitido o
recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.
3.Cualquier tipo de comunicación entre profesionales de la Abogacía, recibida o
remitida, está amparada por el secreto profesional, no pudiendo ser facilitada al
cliente ni aportada a los Tribunales ni utilizada en cualquier otro ámbito, salvo
autorización expresa del remitente y del destinatario, o, en su defecto, de la Junta de
Gobierno, que podrá autorizarlo discrecionalmente, por causa grave y previa
resolución motivada con audiencia de los interesados. En caso de sustitución, esta
prohibición le estará impuesta al sustituto respecto de la correspondencia que el
sustituido haya mantenido con otros profesionales de la Abogacía, requiriéndose la
autorización de todos los que hayan intervenido.
Se exceptúan de esta prohibición las comunicaciones en las que el remitente deje
expresa constancia de que no están sujetas al secreto profesional.
4.Las conversaciones mantenidas con los clientes o con los contrarios, de presencia o
por cualquier medio telefónico o telemático, en que intervengan profesionales de la
Abogacía no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los
intervinientes y siempre quedarán amparadas por el secreto profesional.
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9 5.El secreto profesional ampara las comunicaciones y negociaciones orales y escritas
de todo tipo, con independencia del medio o soporte utilizado.
6.El deber de secreto profesional en relación con los asuntos profesionales
encomendados, o en los que intervenga cualquiera de los miembros de un despacho
colectivo, se extiende y vincula a todos y cada uno de ellos.
7.En todo caso, quien ejerce la Abogacía deberá hacer respetar el secreto profesional
a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad.
8.La obligación de guardar el secreto profesional permanece incluso después de haber
cesado en la prestación de los servicios al cliente o abandonado el despacho donde
se estaba incorporado, sin que esté limitada en el tiempo.
9.Solamente podrá hacerse uso de hechos o noticias sobre los cuales se deba guardar
el secreto profesional cuando se utilice en el marco de una información previa, de
un expediente disciplinario o para la propia defensa en un procedimiento de
reclamación por responsabilidad penal, civil o deontológica. Todo ello sin perjuicio
de lo dispuesto en relación con la aportación de la correspondencia habida con otros
profesionales de la Abogacía en el número 3 de este artículo.
10.El consentimiento del cliente no excusa de la preservación del secreto profesional.
11.No se aceptará el encargo cuando se haya mantenido con la parte adversa una
entrevista para evacuar una consulta referida al mismo asunto y ésta afecte a su
deber de secreto profesional.
Artículo 6.- De la publicidad:
1.Se podrá realizar libremente publicidad de los servicios profesionales, con pleno
respeto a la legislación vigente sobre la materia, defensa de la competencia,
competencia desleal y normas deontológicas de la Abogacía.
2.La publicidad respetará en todo caso la independencia, libertad, dignidad e
integridad como principios esenciales y valores superiores de la profesión, así como
el secreto profesional y habrá de ser objetiva, veraz y digna, tanto por su contenido
como por los medios empleados.
3.Deberá indicarse en la publicidad el Colegio al que se pertenezca.
La publicidad no podrá suponer:
a.La revelación directa o indirecta de hechos, datos o situaciones amparados por
el secreto profesional.
b.La incitación genérica o concreta al pleito o conflicto.

10 c.La oferta de servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas
directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que
hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos
y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la elección
libre de Abogado y, en ningún caso, hasta transcurridos 45 días desde el hecho.
Tampoco podrá dirigirse, por sí o mediante terceros, a quienes lo sean de
accidentes o infortunios recientes, o a sus herederos o causahabientes, que
carezcan de la plena y serena libertad de elección. Estas prohibiciones
quedarán sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios
profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.
d.La promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente del que la
realiza.
e.La referencia a clientes sin su autorización escrita, salvo las menciones que, en
su caso, puedan hacerse cuando se participa en procesos de contratación
pública y sólo para ellos.
f.
La utilización de emblemas institucionales o colegiales y de aquéllos otros que por su similitud pudieran generar confusión, salvo disposición contraria
contenida en los estatutos particulares y de aquellos símbolos que se aprueben
para distinguir la condición profesional.
g. La mención de actividades que sean incompatibles con el ejercicio de la
Abogacía.
h. Y, en general, la publicidad contraria a las normas deontológicas de la
profesión.
4.Las menciones que a la especialización en determinadas materias se incluyan en la
publicidad deberán responder a la posesión de títulos académicos o profesionales, a
la superación de cursos formativos de especialización profesional oficialmente
homologados o a una práctica profesional prolongada que las avalen.
5.Quienes ejerzan con su título profesional de origen y se publiciten deberán hacerlo
con mención expresa de tal circunstancia, debiendo utilizarse en cualquier caso la
denominación que corresponda de conformidad con lo dispuesto en las normas
aplicables, prohibiéndose el uso de los títulos de “Abogado” o “Abogada”
expresados en cualquiera de las lenguas oficiales de España para la debida
protección de los consumidores de los servicios jurídicos.
6.Cuando la denominación del título profesional sea coincidente en más de un Estado
se añadirá al título profesional una mención expresa del país de origen.
7.Asimismo, cuando la regulación de la profesión en el país de origen implique
limitaciones o especialidades en cuanto al ámbito de la actividad, se deberá añadir
también una mención de la organización profesional a la que pertenezca en dicho

11 país y, en su caso, del órgano u órganos jurisdiccionales ante los que esté habilitado
para ejercer.
8.Igualmente, quienes ejerzan la Abogacía no podrán traducir su título español a otro
idioma cuando esa traducción corresponda a una categoría profesional determinada
en otro país.
9.No se permitirá la publicidad encubierta, debiendo hacerse constar en sitio visible y
de modo perfectamente comprensible que se trata de contenido publicitario.
Artículo 7.- Lealtad profesional:
1.El ejercicio de la Abogacía en régimen de libre competencia habrá de ser
compatible en todo caso con el cumplimiento riguroso de las normas deontológicas
de la profesión.
2.Está prohibida la captación desleal de clientes.
3.Son actos contrarios a la lealtad profesional todos aquellos que contravengan las
normas tanto estatales como autonómicas que tutelen la leal competencia y en
especial los siguientes:
a.La utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos contrarios a
las disposiciones de la Ley General de Publicidad y a las normas específicas
sobre publicidad contenidas en el presente Código y restantes normas
complementarias.
b.Toda práctica de captación directa o indirecta de clientes que atenten a la
dignidad de las personas o a la función social de la Abogacía.
c. La utilización de terceros como medio para eludir las obligaciones
deontológicas. Se considerará responsable al favorecido por la publicidad que
realice un tercero, salvo prueba en contrario.
d. La oferta de servicios en apariencia gratuitos cuando no lo sean y puedan
generar confusión a los consumidores, dada la asimetría en la relación
profesional.
Artículo 8.- Sustitución en la actuación:
1.Quien se encargue de la dirección profesional de un asunto encomendado a otro
deberá comunicárselo -lo que tradicionalmente se conoce como venia que nunca
podrá denegarse- en alguna formaque permita acreditar la recepción o, al menos, el
intento de haberla procurado, dando cuenta de haber recibido el encargo del cliente.
La comunicación se hará inmediatamente después de aceptar el encargo y antes de
iniciar cualquier actuación. Todo ello se realiza para continuar el asunto, en aras de
la seguridad jurídica, de la buena práctica profesional, de una continuidad armónica
en la defensa del cliente y de la delimitación de las respectivas responsabilidades.

12 Lo anterior no regirá cuando el sustituido mantuviera una relación laboral con el
cliente.
2.Se deberá acusar recibo de la comunicación a la mayor brevedad, poniendo a
disposición del peticionario la información y documentación relativa al asunto que
obre en su poder, así como proporcionarle los datos e informaciones que le sean
necesarios.
3.En caso de sustitución, subsiste la obligación de respetar y preservar el secreto
profesional sobre la información y documentación recibida, con especial atención a
la confidencialidad de las comunicaciones habidas entre los profesionales que
hayan intervenido.
4.Igualmente, se deberá informar al cliente, en su caso, del derecho del profesional
que le haya precedido en la dirección del asunto a cobrar sus honorarios y de la
obligación de aquél de abonarlos, sin perjuicio de una eventual discrepancia.
5.Si la sustitución entre profesionales tiene lugar en el marco de un expediente
judicial electrónico, se estará además a lo establecido en la normativa legal y sus
disposiciones de desarrollo.
6.También serán de aplicación las normas antes relacionadas cuando el Letrado o
Letrada designados de oficio sea sustituido por otro compañero o compañera de
libre designación. En tal caso, la sustitución deberá ser comunicada al Colegio por
el sustituido.
7.Si se está desempeñando la defensa en un asunto que se tramita ante un Juzgado o
Tribunal, podrá comunicársele que se cesa para evitar futuras responsabilidades.
Deberá hacerlo en todo caso quien, tras la sustitución, asuma la dirección letrada.
8.Tendrá especial gravedad la sustitución en un acto procesal sin previa
comunicación escrita y tempestiva al relevado, por afectar a la eficacia de la
defensa y a la dignidad de la profesión.
9.Cuando sea imposible por cualquier circunstancia participar la sustitución o
acreditar la recepción de la comunicación, podrá hacerse ésta al Decano, Decana u
órgano colegial competente, que acusará recibo, entendiéndose completada la
sustitución a todos los efectos.
Artículo 9.- Relaciones con el Colegio:
Las relaciones con el Colegio comportan las obligaciones siguientes:
1.Cumplir lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía Española, en los
Estatutos de los Consejos Autonómicos y en los de los Colegios en los que se ejerza
la profesión, así como la demás normativa de la profesión y los acuerdos y
decisiones de los órganos de gobierno en el ámbito correspondiente.

2.Respetar a los órganos de gobierno y a los miembros que los componen. 3.Atender con la máxima diligencia las comunicaciones y citaciones emanadas de
tales órganos o de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, salvo que se trate
de las que se reciban en el marco de un expediente disciplinario o una información
previa para una eventual depuración de la responsabilidad.
4.Poner en conocimiento del Colegio todo acto de intrusismo, los supuestos de
ejercicio ilegal, tanto por la no colegiación comopor hallarse suspendido o
inhabilitado el denunciado, y las infracciones deontológicas, aun cuando no se sea
el afectado.
5.Comunicar al Colegio las circunstancias personales que afecten al ejercicio
profesional, tales como cambios de domicilio, número de teléfono, dirección de
correo electrónico y supuestos de enfermedad o invalidez por largo tiempo que le
impidan atender el cuidado de sus asuntos.
6.Consignar en todos los escritos y actuaciones que firmen el nombre completo, el
Colegio al que estuviesen incorporados como ejercientes y el número de
colegiación.
7.Realizar las intervenciones profesionales que se establezcan por ley o, en supuestos
extraordinarios y de urgente necesidad, por los Colegios de Abogados, en garantía
de la defensa de los derechos y libertades y en cumplimiento de la función social de
la Abogacía.
8.Tratar con corrección y respeto al personal del Colegio, absteniéndose de darles
órdenes particulares.
9.Acreditar estar de alta como residente en el Colegio que corresponda al lugar donde
tenga fijado su domicilio profesional único o principal cuando solicite su
adscripción como no residente en otro Colegio.
10.Cumplir con la normativa del turno de oficio y en especial con la regulación de la
asistencia al detenido.
Artículo 10.- Relaciones con los Tribunales:
1.El deber fundamental de quien ejerce la Abogacía, como actor en la función pública
de la Administración de Justicia, es participar en ella asesorando, conciliando y
defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela
de tales intereses puede justificar la desviación del fin de justicia al que la profesión
se halla vinculada.
2.Son obligaciones para con los órganos jurisdiccionales:
a.Actuar con buena fe, lealtad y respeto.
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14 b.Cumplir con los fines de la Administración de Justicia.
c.Guardar respeto a todos cuantos intervienen en la administración de Justicia
exigiendo a la vez el mismo y recíproco comportamiento.
d.Exhortar a los clientes a la observancia de conducta respetuosa respecto de las
personas que actúan en los órganos jurisdiccionales.
e.Contribuir a la diligente tramitación de los asuntos que se le encomienden y de
los procedimientos en los que se intervenga.
f.
Mantener la libertad e independencia en el ejercicio del derecho de defensa, con absoluta corrección, poniendo en conocimiento del Tribunal
correspondiente y del Colegio cualquier injerencia.
g.Evitar en las actuaciones toda alusión personal, al Tribunal y a cualquier
persona que intervenga, oral, escrita o mediante gestos, sea de aprobación o de
reproche.
h.No divulgar o someter a los tribunales una propuesta de arreglo amistoso hecha
por la defensa de la parte contraria sin su autorización expresa.
i.
Cumplir los horarios en las actuaciones judiciales y poner en conocimiento del Colegio cualquier retraso injustificado de los Juzgados y Tribunales superior a
media hora.
j.
Comunicar con la debida antelación al Juzgado o Tribunal y a los compañeros que intervengan, cualquier circunstancia que le impida acudir puntualmente a
una diligencia. La misma obligación pesará si es el cliente el que no puede
acudir.
k.Identificarse, en todo caso, como Abogado o Abogada. A estos efectos, se
procurará portar siempre la credencial expedida por el respectivo Colegio.
l.
Conceder a los demás profesionales de la Abogacía que intervienen en el asunto un plazo prudencial de espera para la celebración de actuaciones si, en
su caso, el Tribunal lo autoriza para evitar la indefensión del adversario.
m.Utilizar la toga con su correspondiente distintivo colegial, en su caso, dentro
de las dependencias colegiales y judiciales debiendo obtenerse autorización de
la Junta de Gobierno para otros usos, estando prohibida la inserción de
cualquier tipo de mensaje, emblema o imagen que no haya sido previamente
autorizado por la Junta de Gobierno.
3.Las anteriores normas serán igualmente aplicables en lo pertinente a las relaciones
con árbitros.

Artículo 11.- Relaciones entre profesionales de la Abogacía: En las relaciones entre profesionales de la Abogacía se guardarán las siguientes reglas
de conducta:
1.Deben mantener quienes ejercen la Abogacía recíproca lealtad, respeto mutuo y
relaciones de compañerismo.
2.El que pretenda iniciar una acción, en nombre propio o de un cliente, por posibles
responsabilidades derivadas del ejercicio de la Abogacía, ha de comunicarlo
previamente al Colegio por si se considera oportuno realizar una labor de
mediación. Esta labor de mediación queda sujeta al deber de confidencialidad y al
de guardar secreto profesional.
3.En los escritos judiciales, en los informes orales y en cualquier comunicación
escrita u oral, debe mantenerse siempre el más absoluto respeto a quien defiende a
las demás partes, evitando toda alusión personal.
4.Se desarrollarán los mejores esfuerzos para evitar acciones de violencia, de la clase
que sean, contra quienes defiendan intereses opuestos. Se procurará impedirlas por
todos los medios legítimos, en particular las referidas a las acciones de los propios
clientes, a quienes se exigirá respetar la libertad e independencia del contrario.
5.En sus comunicaciones con quien defiende a la parte contraria, no comprometerá a
su propio cliente con comentarios o manifestaciones que puedan causarle
desprestigio o lesión directa o indirecta.
6.Deberá procurarse la solución extrajudicial de las reclamaciones de honorarios y, de
ser posible, de todos los conflictos que surjan entre quienes ejercen la Abogacía
mediante la transacción, la mediación o el arbitraje del Colegio.
7.Las reuniones entre quienes ejercen la Abogacía se celebrarán en lugar que no
suponga situación privilegiada para ninguno de ellos. Se recomienda la utilización
de las dependencias de los Colegios, cuando no exista acuerdo sobre el lugar de su
celebración. No obstante, si la reunión hubiere de celebrarse en el despacho de
alguno de los intervinientes, será en el de aquél que tuviere mayor antigüedad en el
ejercicio profesional, salvo que se trate del actual o de un anterior Decano o
Decana, en cuyo caso será en el de éstos, a no ser que se decline expresamente el
ofrecimiento.
8.Cuando se reciba la visita de un compañero por asuntos profesionales se le deberá
recibir siempre y con la máxima premura, con preferencia a cualquier otra persona,
sea o no cliente, que guarde espera en el despacho. En caso de imposibilidad de
inmediata atención, dejará momentáneamente sus ocupaciones para saludar y
justificar la demora.
9.Deberán atenderse inmediatamente las comunicaciones escritas o telefónicas de
otros profesionales de la Abogacía y estas últimas, personalmente.
15

16 10.Cuando se esté negociando con un compañero o compañera la transacción o
solución extrajudicial de un asunto, se estará obligado a notificarle el cese o
interrupción de la negociación en cualquier forma que permita la constancia de la
recepción o, en su caso, el correcto envío de la notificación, así como a dar por
terminadas dichas gestiones, antes de presentar reclamación judicial.
11.Las comunicaciones con colegas extranjeros deben ser consideradas también de
carácter confidencial o reservado, siendo recomendable requerirles igual
tratamiento. Quien se comprometa a ayudarle tendrá siempre en cuenta que éste ha
de depender de él en mayor medida que si se tratase de un ejerciente en el propio
país.
12.Será obligatorio abstenerse de pedir la declaración testifical del Abogado o
Abogada sobre hechos relacionados con su actuación profesional.
13.No se deberán atribuir facultades distintas de las conferidas por el cliente para
evitar errores de apreciación ni suministrar información falsa o mendaz.
14.No se deberá continuar con la defensa o el asesoramiento del cliente cuando éste le
desautorice y no respete el acuerdo pactadocon el profesional que ostente la
defensa de la parte adversa.
Artículo 12.- Relaciones con los clientes:
A.- Normas generales
1.La relación con el cliente debe fundarse en la recíproca confianza. Siempre que sea
posible deberá intentarse la conciliación de los intereses en conflicto.
2.Sólo será posible encargarse de un asunto por mandato del cliente o de un tercero
debidamente facultado, encargo de un compañero o compañera que represente al
cliente, o por designación colegial.
3.Debe comprobarse la identidad y facultades de quien efectúe el encargo.
4.La libertad de defensa comprende la de aceptar o rechazar el asunto en que se
solicita la intervención, sin necesidad de justificar su decisión. Será obligatorio,
pues, abstenerse de seguir las indicaciones del cliente si al hacerlo pudiera
comprometer la observancia de los principios que rigen la profesión.
5.Asimismo, comprende la abstención o cesación en la intervención cuando surjan
discrepancias con el cliente, que deviene obligatoria cuando concurran
circunstancias que puedan afectar a su libertad e independencia en la defensa o
asesoramiento, a la preservación del secreto profesional o comporten objetivamente
un conflicto de intereses.

6.El que renuncie a la dirección letrada de un asunto habrá de notificarlo por escrito y de forma fehaciente al cliente y realizar los actos necesarios para evitar su
indefensión y la pérdida de derechos. Cuando se trate de defensa asumida por
designación colegial, la aceptación, rechazo, abstención o cese habrá de
acomodarse a las normas sobre asistencia jurídica gratuita. La renuncia deberá
hacerse siempre con tiempo suficiente para que la sustitución en la defensa o en el
asesoramiento se ejerza con total garantía.
7.Sólo podrá emitir informes que contengan valoraciones profesionales sobre el
resultado probable de un asunto, litigio o una estimación de sus posibles
consecuencias económicas, si la petición procede del cliente afectado quien, en
todo caso, deberá ser el exclusivo destinatario. Cuando se le solicite una opinión
sobre un asunto que esté siendo dirigido o llevado por un compañero, antes de
emitirla, verbalmente o por escrito, podrá dirigirse a éste para recabar la
información que necesite.
8.Se asesorará y defenderá al cliente con el máximo celo y diligencia asumiéndose
personalmente la responsabilidad del trabajo encargado sin perjuicio de las
colaboraciones que se recaben. Siempre se deberá intentar encontrar la solución
más adecuada al encargo recibido, debiéndose asesorar al cliente en el momento
oportuno respecto a la posibilidad y consecuencias de llegar a un acuerdo o de
acudir a instrumentos de resolución alternativa de conflictos.
9.Mientras se esté actuando para el cliente se está obligado a llevar el encargo a
término en su integridad, gozando de plena libertad para utilizar los medios
legítimos y los que hayan sido obtenidos lícitamente.
10.La documentación recibida del cliente estará siempre a su disposición, no pudiendo
en ningún caso retenerse, ni siquiera bajo pretexto de tener pendiente cobro de
honorarios. No obstante, se podrá conservar copia de la documentación. En ningún
caso se entregará al cliente copia de las comunicaciones habidas entre los
profesionales de la Abogacía que hayan intervenido en el asunto.
11.Se comunicará la renuncia a la defensa o al asesoramiento de forma fehaciente,
cualquiera que sea su causa, por escrito dirigido al cliente y, en su caso, al órgano
judicial o administrativo ante el que hubiere comparecido.
B.- Deberes de identificación e información.
1.Es obligación de quien ejerce la Abogacía identificarse ante la persona a la que
asesora o defiende, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero a fin de
asumir las responsabilidades civiles y deontológicas que correspondan. También lo
es en el supuesto de consulta telefónica o por red informática con un despacho o
asesoría cuyos integrantes sean desconocidos para el comunicante. Esta
identificación, así como la del Colegio al que se pertenece, es su primera e
inmediata obligación antes de la prestación de servicios y, en todo caso, antes de
solicitar el abono de contraprestación alguna.
17

2.Se debe poner en conocimiento del cliente: a.La opinión sobre las posibilidades de sus pretensiones y resultado previsible
del asunto, procurando disuadirle de promover conflictos o ejercitar acciones
judiciales sin fundamento.
b.El importe aproximado de los honorarios, o de las bases para su determinación,
y las consecuencias que puede tener una condena en costas.
c.El derecho de solicitar la asistencia jurídica gratuita que le asistiría por sus
circunstancias personales y económicas.
d.Todas aquellas situaciones que aparentemente pudieran afectar a la
independencia, como relaciones familiares, de amistad, económicas o
financieras con la parte contraria o sus representantes.
e.La evolución del asunto encomendado, resoluciones transcendentes, los
recursos, las posibilidades de transacción, la conveniencia de acuerdos
extrajudiciales o las soluciones alternativas al litigio. En los procedimientos
administrativos y judiciales, si el cliente lo requiere y a costa de éste, le
proporcionará copia de los diferentes escritos que se presenten o reciban, de las
resoluciones judiciales o administrativas que le sean notificadas y de las
grabaciones de actuaciones que se hayan producido.
f.
La cuenta detallada de los fondos que haya recibido del cliente o para el cliente, que deben estar siempre a su disposición. Este deber es exigible,
aunque el cliente no lo solicite, cuando haya cesado la relación con éste o haya
terminado el asunto encomendado.
g.El nombre, número de identificación fiscal, Colegio al que está incorporado
como ejerciente y número de colegiación, domicilio profesional y medio para
ponerse en comunicación con su despacho, incluyendo la vía electrónica.
Cuando se trate de una sociedad profesional o despacho colectivo, deberá
informarse al cliente de su denominación, forma, datos de registro, régimen
jurídico, código de identificación fiscal, dirección o sede desde la que se
presten los servicios y medios de contacto, incluyendo la vía electrónica.
Cuando los servicios requeridos exijan la participación de diferentes
integrantes de una misma sociedad u organización, el cliente tendrá derecho a
conocer la identidad de todos ellos, el Colegio al que pertenecen y quien
asumirá la dirección del asunto.
h.La inviabilidad fundada de la interposición de recursos u otras acciones contra
las resoluciones que pongan fin, total o parcialmente, al proceso con plazo
preclusivo. Esta comunicación deberá hacerse con tiempo suficiente para que
el cliente pueda recabar otra opinión o encargar su defensa a un tercero.
i.
Las condiciones de aseguramiento de su responsabilidad civil cuando el cliente 18

19 así lo solicite.
j.
Todo dato o hecho que le conste en relación con el asunto, siempre que no conlleve vulneración del secreto profesional y que pueda incidir en el
resultado.
k.La posibilidad de solicitar la colaboración de otro profesional cuando las
características o complejidad del asunto lo requiera.
Toda esta información deberá proporcionarse por escrito cuando el cliente lo
solicite de igual manera, respetando escrupulosamente la confidencialidad de las
comunicaciones, conversaciones y negociaciones con otros profesionales de la
Abogacía, salvo autorización de estos.
3.En todo caso, se pondrá especial atención en efectuar las correspondientes
advertencias al cliente en lo que respecta a la normativa sobre prevención del
blanqueo de capitales y la obligación de suministrar datos, en determinadas
circunstancias, a las autoridades tributarias o las derivadas de la legislación sobre
protección de datos de carácter personal.
4.No debe aceptarse ningún asunto si uno no se considera apto para dirigirlo, a menos
que se colabore con quien lo sea, informando al cliente, con carácter previo, de la
identidad del colaborador.
5.Deberán comunicarse al cliente las circunstancias personales y profesionales, tales
como cambios de domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico y
supuestos de enfermedad o invalidez por largo tiempo que le impidan atender el
cuidado de sus asuntos.
C.- Conflicto de intereses
1.No podrá desempeñarse la defensa o el asesoramiento de intereses contrapuestos
con otros que se esté o haya estado defendiendo o asesorando, o con los propios, ya
que la lealtad hacia el cliente es principio fundamental de la Abogacía.
2.En el caso de conflicto de intereses entre dos o más clientes, deberá renunciar a la
defensa o al asesoramiento de ambos, para la obligada preservación de la
independencia, salvo autorización expresa de todos para intervenir a favor de
cualquiera de ellos.
3.Sin embargo, se podrá intervenir en interés de todas las partes en funciones de
intermediación o en la preparación y redacción de documentos de naturaleza
contractual, debiendo mantenerse en tal supuesto una estricta y exquisita
objetividad.
4.No podrán desempeñarse encargos profesionales que impliquen actuaciones contra
un anterior cliente, salvo que se asegure que no hay riesgo de que el secreto de las
informaciones obtenidas en la relación con el antiguo cliente pueda ser vulnerado; o

20 cuando de ninguna manera pudiera resultar beneficiado el nuevo cliente con
aquellas informaciones. A estos efectos se tomará en cuenta el tipo de los asuntos
en que se haya intervenido y el tiempo transcurrido. En ningún caso se podrá
asumir encargos profesionales que impliquen actuaciones contra un anterior cliente
en el seno del procedimiento en que se haya intervenido en defensa de éste, ni en
los incidentes, recursos, ejecuciones o nuevos procedimientos que de él traigan su
causa.
5.Quien haya intervenido en defensa de ambas partes en un procedimiento de familia
de mutuo acuerdo no podrá luego actuar en defensa de los intereses de una frente a
otra en ningún trámite, ejecución, recurso o modificación derivados del proceso
inicial. Esta prohibición no regirá cuando se haya actuado sólo por una de las partes
con el consentimiento de la otra.
6.Queda prohibido ocuparse de los asuntos de un conjunto de clientes afectados por
una misma situación cuando surja un conflicto de intereses entre ellos, exista riesgo
de vulneración del secreto profesional o pueda estar afectada la libertad o
independencia.
7.No deberá aceptarse el encargo de un asunto cuando la parte contraria o un colega
de profesión le haya realizado una consulta referida al mismo asunto en virtud de la
cual haya adquirido una información que pueda poner en peligro su independencia,
la obligación de preservar el secreto profesional o su deber de lealtad.
8.Cuando se forme parte o se colabore en un mismo despacho, cualquiera que sea la
forma asociativa utilizada, las normas expuestas serán aplicables al grupo en su
conjunto, y a todos y cada uno de sus miembros.
Artículo 13.- Relaciones con la parte contraria:
1.La relación y comunicación con la parte contraria, cuando conste que dispone de
defensa o asesoramiento letrados, se deberá mantener siempre con el compañero o
compañera, a menos que se autorice expresamente por éstos el contacto directo.
2.Cuando la parte contraria no disponga de asistencia letrada se le deberá recomendar
que la designe. En todo caso, deberá evitarse toda clase de abuso y observar la
necesaria prudencia en su trato con ella.
3.Deberá mantenerse con la parte contraria un trato considerado y cortés, con
abstención u omisión de cualquier acto que determine para esta una lesión injusta.
Artículo 14.- Honorarios:
1.Quien ejerce la Abogacía tiene derecho a percibir retribución u honorarios por su
actuación profesional, así como el reintegro de los gastos que se le hayan causado.
La cuantía y régimen de los honorarios será libremente convenida con el cliente con
respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal, debiendo informar
previamente su importe aproximado o las bases para su determinación. Igualmente,

21 las consecuencias de una eventual condena en costas. Será obligatorio emitir la
oportuna liquidación de los honorarios y de la provisión de fondos recibida y poner
a disposición del cliente el importe sobrante, en su caso, en el plazo más breve
posible desde que se cese en la defensa del asunto.
2.Los honorarios han de ser percibidos por quien lleve la dirección del asunto, siendo
contraria a la dignidad de la profesión la partición y distribución de honorarios
excepto cuando:
a.Responda a una colaboración jurídica efectiva
b.Exista ejercicio colectivo de la profesión en cualquiera de las formas
asociativas autorizadas
c.Se trate de compensaciones al que se haya separado del despacho colectivo
d.Constituyan cantidades a abonar a un compañero o compañera jubilados o a los
herederos de un fallecido.
3.Igualmente está prohibido compartir honorarios con persona ajena a la profesión,
salvo los supuestos de convenios de colaboración con otros profesionales, suscritos
con sujeción al Estatuto General de la Abogacía Española, o salvo que se informe al
cliente de esta circunstancia.
4.Para hacer efectiva su remuneración, se deberá entregar una minuta al cliente, la
cual deberá cumplir los requisitos legales y fiscales correspondientes, donde
expresará detalladamente tanto los conceptos determinados de los honorarios y la
relación de los gastos efectuados y pendientes de reembolso, comolos que prevea.
5.De igual modo se podrá emitir una minuta proforma, mediante la cual se notificará
de antemano al cliente sus honorarios, sin exigir su pago.
6.La imposición de las costas procesales no conculca el derecho del profesional de la
Abogacía del litigante favorecido por la condena a reclamar los honorarios en la
cuantía y forma pactadas.
Artículo 15.- Hojas de encargo
Si se suscribiera con el cliente una hoja de encargo se hará constar:
a.El objeto del encargo.
b.Las actuaciones concretas que expresamente quedan incluidas, a las que, por
tanto, es de aplicación. Se estima conveniente que también se haga referencia,
en su caso, a aquellas que, como los recursos, informes periciales y otros, no
formen parte del presupuesto.
c.El precio por el trabajo profesional deberá figurar en forma clara y destacada.

22 Cuando por las características del asunto se estime que no es posible su
determinación en cuantía exacta, se dejará constancia de ello, indicándose en
todo caso las bases que servirán para su determinación.
d.Las cantidades que se requerirán por suplidos o por otras circunstancias, que no
se incluyen en el precio de los servicios.
e.Los momentos en que proceda el abono de las cantidades y los criterios para la
prelación e imputación de los pagos.
f.
Las consecuencias de la finalización anticipada del encargo por renuncia, allanamiento, pérdida sobrevenida del objeto y otras causas.
g.Las demás obligaciones que impone la legislación vigente, especialmente lo
dispuesto en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación
del Terrorismo.
h.En su caso, la sumisión a arbitraje cuando surjan discrepancias.
i.
Las condiciones generales de la contratación en todo lo que les sea aplicable. Artículo 16.- Provisiones de fondos y pagos a cuenta:
1.Se podrá solicitar la entrega de cantidades en pagos a cuenta de honorarios tanto
con carácter previo como durante la tramitación del asunto.
2.Su cuantía deberá ser acorde con las previsiones del asunto y el importe estimado
de los honorarios definitivos.
3.La falta de pago autorizará a renunciar o condicionar la aceptación del encargo
profesional o a cesar en él.
4.Igualmente, se podrá solicitar en concepto de provisión de fondos una cantidad para
atender los gastos suplidos que importe el encargo, debiendo cumplirse con lo
previsto en el artículo 20 de este Código.
5.De todas las provisiones de fondos recibidas se extenderá el correspondiente
justificante. Los pagos a cuenta de honorarios deberán cumplir las obligaciones de
emisión de factura y las demás que imponga la legislación fiscal.
Artículo 17.- Impugnación de honorarios:
No deberán minutarse honorarios que hayan sido objeto de impugnación
procedente o de quejas justificadas por razón de su importe excesivo, ni impugnar sin
razón y con carácter habitual las minutas de los compañeros o inducir o asesorar a los
clientes a que lo hagan.
Artículo 18.- Pagos por captación de clientela:

23 No se podrá pagar, exigir ni aceptar comisiones, ni ningún otro tipo de
compensación a terceros por haberle enviado un cliente o recomendado a posibles
clientes futuros, salvo que se informe al cliente de esta circunstancia.
Artículo 19.- Tratamiento de fondos ajenos:
1.Cuando se esté en posesión de dinero o valores de clientes o de terceros, concurre la
obligación de mantenerlos depositados con disposición inmediata en una cuenta
específica abierta en un banco o entidad de crédito. Estos depósitos no podrán ser
concertados ni confundidos con fondos propios o del bufete. Deberá llevarse la
oportuna contabilidad o libro registro de tales cantidades. Se deberá responder en
todo caso de que el origen de los fondos procede de una persona física o jurídica
determinada y de la certeza de la existencia de ésta. Los fondos deben estar
vinculados directamente con los clientes y con las actuaciones que le han sido
encargadas.
2.Los fondos depositados en dicha cuenta o cuentas deben ser individualizados de
forma
separada y clara, preferiblemente correspondientes a los diversos procesos o asesoramientos que asuma el profesional
de forma que pueda identificarse su movimiento de entrada y salida, su finalidad y
la utilización que se haya hecho de tales fondos.
3.Los movimientos de fondos entre subcuentas están prohibidos, salvo casos
justificados, no pudiendo presentar ninguna de tales subcuentas un saldo deudor.
4.Salvo disposición legal, mandato judicial o consentimiento expreso del cliente o del
tercero por cuenta de quien se haga, queda prohibido cualquier pago efectuado con
dichos fondos. Esta prohibición comprende incluso la detracción de los propios
honorarios, salvo autorización expresa y escrita.
5.Deberá siempre comprobarse la identidad exacta de quien entrega los fondos,
siendo esta obligación regida por las normas preventivas del blanqueo de capitales
cuando se actúe como sujeto obligado.
6.Los fondos recibidos o su saldo, salvo excepciones debidamente justificadas,
deberán devolverse o acreditarse a quien los proveyó, con la correspondiente
rendición de cuentas.
7.Los fondos recibidos no se podrán retener más tiempo que el estrictamente
necesario incluso si adeudan honorarios profesionales, quedando prohibida la
compensación y autoliquidación.
Artículo 20.- Cobertura de la responsabilidad civil:
1.Se deberá tener cubierta la responsabilidad profesional en cuantía adecuada a los
riesgos que implique.
mediante subcuentas, como

2.La contratación de un seguro es obligatoria para las sociedades profesionales y en los demás casos que prevea la ley.
Articulo 21.- Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación:
1.El uso de las tecnologías de la información y la comunicación no exime de cumplir
las normas deontológicas que regulan la profesión ni las obligaciones que imponen
las reguladoras de la sociedad de la información.
2.Se debe hacer uso responsable y diligente de la tecnología de la información y la
comunicación, debiendo extremar el cuidado en la preservación de la
confidencialidad y del secreto profesional.
3.En especial, en las comunicaciones, aplicaciones, webs y servicios profesionales
prestados por medios electrónicos deberá:
a.Identificarse con su nombre y, en su caso, el de la sociedad profesional titular
del servicio, Colegio de adscripción y número de colegiación.
b.Asegurarse de la recepción de las comunicaciones privadas por la persona
destinataria y sólo por ella.
c.Abstenerse de reenviar correos electrónicos, mensajes o notas remitidos por
otros profesionales de la Abogacía sin su expreso consentimiento.
Artículo 22.- Ejercicio a través de sociedades profesionales:
La actuación a través de una sociedad profesional o cualquier otra forma
asociativa no podrá servir para eludir las responsabilidades deontológicas de los
profesionales intervinientes.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA:
Queda derogado el Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo
General de la Abogacía en fecha 30 de junio de 2002.
DISPOSICIÓN FINAL:
Las presentes normas deontológicas entrarán en vigor el 8 de mayo de dos mil
diecinueve.
24

 

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